El Círculo Ecuestre de Barcelona ha acogido este martes el desayuno-coloquio ‘La Barcelona del futuro: el impacto real de eliminar los pisos turísticos’, un encuentro que ha reunido a representantes del sector turístico, empresarial, jurídico y académico para debatir, desde una perspectiva técnica, las implicaciones económicas, sociales y legales de la supresión total de los apartamentos turísticos en la ciudad. 

El acto ha contado con el discurso de bienvenida de Enrique Lacalle, presidente del Círculo Ecuestre y la participación de Enrique Alcántara, presidente de Apartur; Jordi Salvador, manager de Strategy& Economics de PwC en Cataluña; Kike Sarasola, presidente de Room Mate Hotels; Pablo Molina, especialista en Derecho Urbanístico de Garrigues; y Gonzalo Bernardos, economista y profesor universitario. La sesión ha estado moderada por el periodista económico Umberto Salerno, quien ha conducido el diálogo con los ponentes tras la apertura institucional.




Durante el encuentro los expertos han puesto de relieve que la Unión Europea no impulsará prohibiciones generales sobre los alquileres de corta duración y que cualquier regulación debe basarse en criterios de proporcionalidad, evidencia empírica y equilibrio entre intereses económicos y sociales. 

Algunos de los ponentes han coincidido en advertir de que la eliminación total de las licencias de apartamentos turísticos en Barcelona, prevista por el Ayuntamiento para 2028, “supondría un grave perjuicio para la economía de la ciudad, su competitividad internacional y su capacidad para acoger turismo familiar, de negocios y grandes eventos, sin que exista una relación acreditada entre estos alojamientos y el aumento del precio de la vivienda en la ciudad”.

El debate se ha producido en un contexto marcado por la reciente posición de la Comisión Europea, que en el marco del Plan Europeo de Vivienda Asequible ha confirmado que no presentará propuestas para prohibir los alquileres de corta duración y que las medidas deben ser proporcionadas. El propio comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen, ha afirmado públicamente que una prohibición general “sería desproporcionada” y “no una buena idea”. 

Un llamamiento a una regulación equilibrada, en lo que Barcelona es referente

Los ponentes han coincidido en reclamar a las administraciones un debate basado en datos objetivos y alineado con los criterios europeos, que permita compatibilizar el derecho a la vivienda con un modelo turístico competitivo, diversificado y sostenible. 

El presidente de Apartur, Enrique Alcántara, ha defendido que Barcelona ha sido pionera en Europa en la regulación de los apartamentos turísticos y que cuenta desde hace más de una década con un modelo ordenado, estable y plenamente integrado en la ciudad. La capital catalana mantiene desde 2014 un número limitado y controlado de licencias, que representan alrededor del 1% del parque total de viviendas, sin capacidad de influir en los precios del alquiler.

“Barcelona ha sido un modelo de éxito pionero por su regulación de los apartamentos turísticos, la calidad de los alojamientos y con clientes de calidad, como son las familias, y durante años con colaboración entre el sector y el ayuntamiento para garantizar la buena convivencia con los vecinos y luchar contra la ilegalidad, con un esfuerzo muy importante”, ha señalado Alcántara.

El presidente de Apartur ha recordado que el modelo barcelonés aplicado hasta ahora está siendo observado por otras ciudades europeas que buscan ordenar el sector sin recurrir a prohibiciones, y ha advertido de que suprimir las licencias legales podría reabrir la puerta a la oferta ilegal, prácticamente erradicada gracias a la regulación y a los mecanismos de control implantados.

Impacto económico y laboral: datos frente a percepciones

Por su parte, Jordi Salvador, Manager de Strategy& Economics de PwC en Cataluña, ha presentado las principales conclusiones del estudio elaborado por la consultora sobre la contribución de los apartamentos turísticos en Barcelona. Según este análisis, las viviendas de uso turístico aportan al PIB cerca de 1.900 millones de euros, y más de 40.000 puestos de trabajo, directos, indirectos e inducidos.

El estudio concluye además que no existe una relación significativa entre el incremento de los apartamentos turísticos y el aumento del precio del alquiler, ya que representan una parte muy reducida del parque de vivienda, y que los principales factores que explican el encarecimiento son una oferta de vivienda inelástica ante el aumento de la demanda asociado al crecimiento económico y del empleo en la ciudad. Salvador también destaca que eliminar este tipo de alojamiento no resolverá el problema de acceso a la vivienda, pero sí tendrá efectos negativos sobre la economía y el empleo de la ciudad.

El informe destaca también el papel esencial de los apartamentos turísticos para alojar a los asistentes a grandes eventos profesionales, culturales y deportivos que se celebran en Barcelona, cuya demanda no podría ser absorbida en su totalidad por el resto de la oferta alojativa. 

En este sentido, ha detallado que, tomando como referencia números públicos de plazas del Observatorio de Turismo de Barcelona, “Barcelona sería incapaz de ofrecer alojamiento a todos los visitantes que lleguen a la ciudad por motivos de ocio y negocios durante grandes eventos como el Mobile World Congress (MWC) o el Sónar”.

Diversidad de alojamiento para una ciudad diversa

Desde la óptica hotelera, el presidente y fundador de Room Mate Hotels, Kike Sarasola, ha defendido la necesidad de que una ciudad global como Barcelona cuente con una oferta de alojamiento diversa y de calidad, capaz de dar respuesta a perfiles de visitantes muy distintos. Ha remarcado que los apartamentos turísticos cubren las necesidades del turismo familiar, entre otros perfiles. 

Sarasola ha rechazado la vía de la prohibición y ha abogado por una regulación “inteligente” y que dé respuesta concreta a problemas concretos con soluciones como la gestión de los flujos de turistas para que se repartan por la ciudad. 

El empresario ha subrayado que la convivencia de los diversos tipos de alojamiento es perfectamente posible cuando existe regulación y control, y que atacar una parte de la oferta debilita el ecosistema turístico en su conjunto. “Se perjudica al conjunto de la ciudad. Somos un todo: hoteles, hostales, viviendas turísticas... que damos servicio al turista que viene”, ha afirmado Sarasola.

Un precedente jurídico de gran calado

El especialista en Derecho Urbanístico de Garrigues, Pablo Molina, ha alertado de las consecuencias jurídicas y económicas que tendría la eliminación de las licencias actuales, al tratarse de un derecho adquirido sin fecha de caducidad. Ha afirmado que se trata de un precedente jurídico muy delicado, ya que la revocación generalizada de licencias supone una forma de expropiación que afecta directamente a pequeños ahorradores y familias que han invertido bajo un marco legal vigente. 

“La Generalitat ha transformado una licencia indefinida en temporal, sentando un precedente para cualquier sector. Barcelona será mucho más insegura jurídicamente y no habremos solucionado el problema de la vivienda”, ha señalado Molina, que ha añadido que regular implica ordenar y controlar; prohibir implica favorecer la ilegalidad. 

El jurista ha insistido en que el enfoque europeo marca claramente los límites entre una regulación legítima y una medida desproporcionada, y ha defendido que existen alternativas jurídicas a la eliminación total. “La prohibición es la pereza mental del regulador. Se tiene que regular de manera proporcionada e identificar el problema de cada municipio y establecer normas concretas para esos problemas”.

"El relato gana al dato"

Los ponentes del coloquio han coincidido en que los datos no apoyan la línea que está tomando la administración pública y que la esfera política está trasladando a la ciudadanía un falso relato que las cifras contradicen. Los precios de la vivienda han subido un 72% en la última década en la capital catalana mientras las licencias de apartamentos turísticos se han mantenido estables y eliminar esta modalidad de alojamiento tendría un impacto negativo sobre sectores locales como la restauración, el comercio, el transporte y la cultura.

El economista Gonzalo Bernardos ha sido contundente: “lo que nos está pasando es que el relato gana al dato”. También ha destacado que “no existe ninguna vinculación entre la subida de precios de la vivienda y los apartamentos turísticos en Barcelona” y que “seguridad jurídica es lo que falta en estos momentos”.

El Círculo Ecuestre ha trasladado al Ajuntament de Barcelona una invitación para que pueda exponer también su posicionamiento. En este sentido, el Círculo Ecuestre reitera su voluntad de escuchar a todas las partes implicadas y espera poder recibir a representantes municipales para incorporar su visión a un diálogo abierto e imparcial sobre un asunto de interés para la ciudad.